Verdad y Memoria: una lucha de antes y de ahora
En los años sesenta y setenta, cuando el Estado mexicano desaparecía a campesinos, maestros, estudiantes o militantes, nadie hablaba. Los archivos se cerraron, los cuerpos se ocultaron y la historia oficial negó que algo hubiera pasado. Pero la verdad no desaparece por decreto. Se esconde, se transmuta, y un día vuelve a la superficie con los nombres de quienes nunca dejaron de buscar.
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), creado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nació con esa convicción: escuchar lo que el país quiso callar. Entre 2021 y 2024, el MEH recogió testimonios, abrió archivos, rastreó fosas y reconstruyó los patrones de terror que marcaron el periodo de 1965 a 1990. Su informe final no sólo narra hechos: nombra responsables y reconoce víctimas. Dice lo que las familias sabían desde siempre: que fue el Estado.
Hoy se cumplen dos años de que el MEH publicara su informe Fue el Estado (1965-1990) y queremos volver a traer la mirada sobre dicho trabajo, no porque los muchos esfuerzos que implicó, sino por la importancia que podría tener para quienes en el presente siguen luchando por memoria, verdad y justicia.
Traer a la memoria su publicación, y sobre todo su contenido, resulta pertinente, ante las urgencias sociales existentes. Aunque los aspectos que podrían retomarse sobre dicho informe son variados, quienes trabajamos en él queremos hablar de la relevancia de dicho trabajo para los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el México de hoy.
Creemos que la importancia del contenido de ese informe y del trabajo de campo que se realizó para elaborarlo, es profunda y simbólicamente poderosa por razones históricas, políticas y prácticas, para quienes siguen buscando a personas desaparecidas en México. Exponemos aquí algunas razones que relevan su trascendencia.
El trabajo del MEH y su informe Fue el Estado (1965-1990) reconocen que la desaparición forzada en México tiene raíces históricas de Estado, y que no comenzó con la “guerra contra el narcotráfico” (2006-presente), sino que es una práctica estatal con al menos medio siglo de historia. En ese sentido documenta cómo es que entre 1965 y 1990 el Estado mexicano usó la desaparición como herramienta política de control y represión, no sólo contra guerrilleros, sino contra campesinos, maestros, estudiantes, periodistas y activistas.
Al reconocer este origen sobre las desapariciones forzadas, se rompe la narrativa de que las actuales son un fenómeno nuevo o ajeno al Estado. Esto no es trivial pues, para los colectivos es una validación histórica que revela que sus reclamos no son “accidentes contemporáneos”, sino parte de una continuidad estructural de impunidad. En palabras de las víctimas actuales, “lo que vivimos hoy empezó hace décadas y ahora sabemos que no somos las primeras ni seguramente seremos las últimas”.
Otro aspecto relevante de este informe es que aporta verdad y memoria en un contexto de impunidad estructural. El MEH no sólo recopiló datos históricos, sino que estableció patrones, y señaló a instituciones e individuos responsables. Al hacerlo ha sentado precedentes para exigir responsabilidades presentes, porque muchas de las instituciones que operaron en los años 70 y 80 (como el Ejército, la Marina, policías federales y locales, fiscalías, el Instituto Nacional de Migración, entre otras) siguen activas o transformadas hasta hoy.
Así, las familias de personas desaparecidas pueden usar este trabajo para demostrar la continuidad de prácticas violatorias de derechos y exigir apertura de archivos, protocolos de búsqueda, identificación de restos, etc. En otras palabras, los hechos documentados por este informe explican el presente, dejando claro que la verdad histórica es una herramienta para la justicia actual.
Fue el Estado (1965-1990) también reivindica la voz y el dolor de las víctimas y familiares, pues coloca en el centro los testimonios de sobrevivientes y familias, que fueron recogidos con respeto. A través de la escucha cuidadosa, el MEH intentó una reparación simbólica para las víctimas del pasado, pero que es capaz de empoderar a los colectivos actuales, que llevan años exigiendo participación directa en políticas de búsqueda y justicia.
El haber recogido testimonios y revisado tantos archivos, desde abajo, es un reconocimiento político de que la verdad no se produce desde el Estado, sino desde las víctimas. Muchos colectivos actuales —como Eureka, H.I.J.O.S., Familiares en Búsqueda de la Paz y la Justicia— nacieron de familias que vivieron la represión de los años 70 y hoy siguen buscando a sus hijos o nietos desaparecidos.
Hay otra dimensión en la que este informe del MEH resulta pertinente en la coyuntura actual: uno de los grandes obstáculos para que las familias y víctimas obtengan verdad y justicias es la falta de acceso a la información oficial y los archivos militares. A través del trabajo realizado se ha logrado fortalecer la exigencia de apertura de archivos y rendición de cuentas.
En ese sentido, el MEH documentó la resistencia de instituciones, especialmente de las fuerzas armadas, para entregar documentos sobre violaciones a derechos humanos. Esta lucha es la misma que han tenido que dar los colectivos hoy, que piden acceso a archivos de la Sedena o de la Marina sobre desapariciones recientes, topándose en la mayoría de los casos con negativas. El trabajo del MEH fortalece su demanda legal y moral en el sentido de que, si hubo represión y desapariciones antes, y los archivos existen, abrirlos es una obligación del Estado, no una concesión a las familias.
Realizar todo aquel trabajo, escuchar a todas esas personas entrevistadas o leer la documentación sobre los hechos vividos, inevitablemente crea un puente entre generaciones en lucha. Ha quedado claro que las familias que buscan a sus personas desaparecidas de antes, y del presente, no son dos movimientos separados, sino que se hallan unidos por un mismo hilo histórico que une el pasado autoritario con la presente crisis de derechos humanos que vive México. Esta investigación permite que las madres y padres y familias de hoy, se reconozcan en las madres de Eureka, en Rosario Ibarra de Piedra, en los Comités de Defensa de los años 70, y que aprendan de sus estrategias y tesón. Además, posibilita un diálogo intergeneracional de memoria, en lo que toca a realizar búsqueda y luchar contra reiteradas negativas de acceso a la verdad. El pasado resulta aleccionador en ese sentido, para quienes hoy se ven en la necesidad de buscar, de luchar, de persistir.
Finalmente, podemos decir que este informe del MEH impulsa políticas de no repetición. Cuando el MEH identifica cómo funcionaron las estructuras represivas del pasado —la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, los mandos militares regionales—, ofrece insumos concretos para las reformas institucionales que serían necesarias, para conducirnos a un país en el que aquellas violencias y las actuales, no se sigan repitiendo. Las propuestas de limitaciones al fuero militar, la apertura irrestricta de archivos públicos, la reparación integral y el reconocimiento pleno de hechos, son herramientas que los colectivos actuales pueden usar para exigir transformaciones reales y no sólo discursos.
A dos años de concluido el trabajo del MEH y de entregado el informe Fue el Estado (1965-1990), volvemos a decir que no se trata de un ejercicio académico, netamente historiográfico, sino de un acto de justicia histórica, que le da contexto, legitimidad y fuerza políticas al movimiento de búsqueda actual.
Firman
Ex comisionados Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart